La Administración Portuaria Integral de Altamira, en términos de los artículos 3 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable mediante la escritura pública 30,118, volumen 1278, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, notario público 153 de México, Distrito Federal, el 15 de diciembre de 1993, cuyo primer testimonio se inscribió a fojas 129, del Libro uno del Registro Público del Comercio de Altamira, Tamaulipas el 13 de enero de 1994; y en términos del artículo 38 de la Ley de Puertos, es concesionaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración portuaria integral del Puerto de Altamira.